Este miércoles seis de mayo, Venezuela dejó claro su posición ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) al reafirmar que no reconoce la jurisdicción de tribunales arbitrales o cortes de cualquier tipo para resolver asuntos relacionados con su integridad territorial, que en esta oportunidad esta relacionado con la disputa que mantiene con Guyana sobre la Guayana Esequiba. 

El representante venezolano ante el organismo, Samuel Moncada, afirmó que el único instrumento jurídico válido es el Acuerdo de Ginebra de 1966, el cual exige una solución práctica y mutuamente satisfactoria, excluyendo decisiones impuestas por terceros.

En tal sentido, Moncada enfatizó que «los derechos históricos de Venezuela son irrenunciables y tiene la determinación de defenderlos en paz”. 

El representante enfatizó que “la única opción es permitir que el acuerdo cumpla su objeto y fin, sin impedimentos (…) Venezuela esta comprometida a seguir actuando de buena fe en la negociación directa con Guyana para lograr un acuerdo beneficioso para ambas partes”, concluyó.  

Moncada subrayó que Venezuela nunca ha consentido someter esta controversia a la CIJ, una postura que, aseguró, fue reafirmada de manera inequívoca en el Referéndum Consultivo de diciembre de 2023, donde el pueblo venezolano expresó su rechazo a la jurisdicción de la Corte en este asunto.

“Esa manifestación refleja una línea de conducta coherente. Venezuela se encuentra hoy aquí porque no puede permanecer en silencio ante un proceso en el que Guyana pretende utilizar a la Corte para redefinir unilateralmente la naturaleza de la controversia”, sentenció el embajador.

Además, calificó la experiencia de Venezuela con tribunales internacionales como «amarga», citando los «arbitrajes internacionales amañados» del pasado que despojaron al país de su territorio, lo cual originó la doctrina de no aceptar fallos judiciales para temas de soberanía.

Del Imperio Español al fraude británico

​La defensa venezolana expuso que los derechos sobre la Guayana Esequiba derivan de siglos de presencia del Imperio Español y de la consolidación de la República venezolana. 

Ante esto, Moncada recordó hitos históricos claves como que el propio río Esequibo que debe su nombre al español Juan de Esquivel, así como Venezuela presentó cartografía que demuestra la pertenencia del territorio mucho antes de las pretensiones británicas.

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​A ello sumó, que en 1835, el explorador Robert Schomburgk intentó establecer una frontera arbitraria al trazar líneas fronterizas, las cuales “Venezuela jamás reconoció”.

​Desmontando la narrativa de Guyana

​Moncada cuestionó la postura actual de Georgetown, asegurando que desde 2015, instigada por intereses energéticos extranjeros, Guyana ha intentado presentar a Venezuela como una «amenaza» a su integridad.

“Guyana no tiene un título establecido que se vea amenazado, lo que existe es una controversia territorial no resuelta, reconocida expresamente en el Acuerdo de Ginebra”, resaltó. 

Moncada cuestionó si Guyana pretende sugerir que las décadas de gestiones de los Secretarios Generales de la ONU y los procesos de Buenos Oficios fueron intentos de «desmembrar» su territorio, cuando en realidad buscaban la solución negociada que hoy Guyana intenta evadir.

​Acuerdo de Ginebra 

Moncada recordó que en 1962, el canciller Marcos Falcón Briceño planteó formalmente la reclamación ante el Comité de Descolonización de la ONU, lo que dio origen al Acuerdo de Ginebra de 1966, el cual reconoce “expresamente la existencia de una controversia territorial relativa a la Guayana Esequiba”. 

​“El Acuerdo de Ginebra es un instrumento de descolonización por excelencia. Mientras Guyana lograba su independencia, Venezuela sentó las bases para que le fuera restituido su territorio colonizado por el imperio británico”, explicó.

El embajador señaló que una decisión judicial impone un ganador y un perdedor, lo cual es contrario al espíritu del instrumento internacional que busca una solución amistosa por vía directa, pacífica y diplomática.

“Es un instrumento de paz que insta a las partes a encontrar por la vía de la negociación directa una solución practica y satisfactoria a sus diferencias (…) Cuando las partes se comprometieron en el Acuerdo de Ginebra, acordaron superar la nefasta gerencia del colonialismo en un marco de relaciones amistosas y mutuamente beneficiosas”, insistió. 

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Las audiencias orales del caso de la Guayana Esequiba iniciaron el lunes cuatro de mayo y se prevé finalicen el próximo 11 de mayo. En la primera audiencia, Guyana tuvo un lapso de seis horas para exponer sus alegatos ante los 15 jueces de la CIJ.

En esa primera audiencia el canciller venezolano, Yván Gil, denunció que Georgetown intenta utilizar tecnicismos procesales para validar el fraude del Laudo Arbitral de 1899, eludiendo su responsabilidad de retornar a la mesa de negociaciones bajo el amparo del derecho internacional.

El diplomático venezolano destacó que la prueba fundamental de la soberanía nacional reside en la historia y los títulos irrefutables que posee el país desde la creación de la Capitanía General. En tal sentido, reafirmó que el Laudo Arbitral de París es írrito y nulo, por lo que no hay materia de discusión válida sobre ese documento viciado.

Gil mencionó que elementos como el memorándum de Severo Mallet-Prevost son pruebas adicionales que describen la perversión y el fraude procesal cometido a finales del siglo XIX. Para el Ejecutivo nacional, la propia existencia del Acuerdo de Ginebra invalida cualquier pretensión de revivir el Laudo de París (referente al Laudo Arbitral de 1899), por lo que instó a las autoridades de Guyana a retomar el camino de la legalidad internacional y el consenso mutuo.

Según el canciller, la fase documental trabajada por expertos, abogados e historiadores durante años demuestra con claridad que el Esequibo es territorio venezolano y que la actual presencia guyanesa es el resultado de un despojo colonial.

El diplomático concluyó que, independientemente del proceso judicial, el desenlace inevitable será el retorno de Guyana a la mesa de negociaciones para resolver definitivamente la controversia territorial bajo el amparo de la normativa vigente de 1966.

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